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Contratos y Covid-19 0

Cumplimiento de contratos durante la pandemia del Covid-19

El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. La situación de emergencia de salud pública mundial ocasionada por el coronavirus constituye una circunstancia extraordinaria ya que se trata de una crisis sin precedentes y de enorme magnitud tanto por alto número de ciudadanos afectados como por el riesgo de afectación de sus derechos. Esta situación sobrevenida ha provocado un claro impacto sobre la economía puesto que las medidas sanitarias de contención han reducido la actividad económica paralizando la actividad de numerosos sectores, con importantes pérdidas de ingresos para hogares, trabajadores autónomos y empresas.
En este escenario cabe preguntarse lo siguiente: ¿Podemos exigir a las empresas cumplir normalmente sus contratos durante el estado de alarma? ¿Cómo quedan los contratos de arrendamiento de locales comerciales, las compraventas de inmuebles a plazos, o cualquier otro contrato cuyo cumplimiento total se haya diferido en el tiempo?
En España las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes ya que lo pactado obliga (pacta sunt servanda). No obstante, existen ciertos remedios contractuales que justifican en determinadas circunstancias excepcionales el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales. Se trata de casos donde el pacta sunt servanda no se aplica a rajatabla. Uno de ellos es, precisamente, la conocida cláusula implícita en todo contrato llamada rebus sic stantibus
La cláusula rebus sic stantibus se aplica cuando con posterioridad a la celebración de un contrato se presentan acontecimientos considerados extraordinarios e imprevisibles que tornan excesivamente gravosas las obligaciones contractuales para una de las partes, a tal extremo que su cumplimiento se vuelve para ella complicado o prácticamente imposible.
En el presente artículo se analiza el régimen de aplicación de esta cláusula (fundamentos, requisitos y efectos jurídicos) con mención a las sentencias del Tribunal Supremo más relevantes sobre la materia.

know-how sociedad de capital 2

Aportación del «know-how» para crear una sociedad de capital

En este post se discute la cuestión de si la aportación del know-how para constituir una sociedad de responsabilidad limitada puede considerarse una verdadera aportación de trabajo o servicios que, de conformidad con el artículo 58.2 de la Ley de Sociedad de Capital (LSC), no puede ser en ningún caso objeto de aportación en una sociedad de capital (SA y SRL). Por Resolución de 4 de diciembre de 2019 la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) estableció que el know-how puede perfectamente aportarse a cualquier sociedad de capital ya que, pese a ser un bien inmaterial, cumple con tener carácter patrimonial, ser susceptible de valoración económica y de apropiación y resulta apto para producir una ganancia.

Emprendedor digital - Ricardo Oliva 5

7 sentencias publicadas en 2017 que todo emprendedor digital debe conocer

En este post encontrarás un resumen de las lecciones que nos dejan siete (7) de las principales sentencias dictadas y publicadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el año 2017 en materia de Derecho tecnológico. Se trata de sentencias que establecen pautas de actuación relevantes para los emprendedores digitales y profesionales de Internet. Conocerlas puede ayudarte a comprender mejor la viabilidad jurídica de ciertos modelos de negocio que operan en la red y adoptar precauciones.

Due Diligence 2

Due Diligence legal de empresa tecnológica

La labor de investigación, revisión y comprobación de los aspectos legales, fiscales, financieros, contables, comerciales, humanos, tecnológicos, etc. que el comprador realiza sobre la empresa que desea adquirir se conoce con el término anglosajón “due diligence”. En la due diligence de una empresa tecnológica adquiere especial relevancia la valoración de la propiedad industrial, el know-how, la propiedad intelectual, los datos personales y los sistemas de seguridad informática.

Blablacar - Ricardo Oliva 2

Lecciones del caso Blablacar: empresario, innova o muere

De acuerdo a una sentencia (hoy recurrida) del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid la empresa BLABLACAR no realiza actividad de transporte sino más bien una actividad propia de una sociedad de la información (como la que realizan las redes sociales). La moraleja es clara: si una empresa no satisface necesidades ni resuelve problemas de los usuarios tan bien como lo puede hacer otra, corre el riesgo de perder cuota de mercado o, incluso, desaparecer.

Directiva ADR - Ricardo Oliva 0

Directiva ADR: resolución de conflictos con consumidores digitales

La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (conocida como Directiva ADR) pretende garantizar al consumidor un acceso a vías sencillas, imparciales, transparentes, eficaces, rápidas y asequibles para resolver los conflictos relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios. Sobre esta Directiva, precisamente, trata la presente entrada.

Alojamiento turístico 2.0 - Ricardo Oliva 0

Regulación de las empresas de alojamiento turístico 2.0 (II)

En esta segunda parte analizo las plataformas de turismo colaborativo más conocidas en España y la adecuación de su operativa con la normativa estatal vigente de arrendamientos urbanos y la regulación autonómica sobre empresas de alojamiento turístico. Hay quienes defienden el mantenimiento y refuerzo del sistema de alojamiento turístico tradicional y regulado, y hay quienes, por el contrario, promocionan la aparición de empresas turísticas «alternativas».

Alojamiento turístico 2.0 - Ricardo Oliva 1

Regulación de las empresas de alojamiento turístico 2.0 (I)

Ante dos posturas opuestas, la de los defensores del alojamiento turístico tradicional y regulado, y la de los promotores de empresas turísticas “alternativas”, analizo el régimen legal español de las empresas de alojamiento turístico. En España, en materia de turismo, no existe una ley estatal que regule la promoción y la ordenación de la actividad turística a nivel nacional sino diversas leyes autonómicas de turismo, tantas como Comunidades Autónomas hay.

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