Asociaciones de consumidores y usuarios
Tiempo estimado de lectura: 10 minutos

1. ¿Qué son las asociaciones de consumidores y usuarios?

Las asociaciones de consumidores y usuarios son agrupaciones sin ánimo de lucro, de carácter privado, dedicadas a defender los derechos de los consumidores y usuarios.

El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGDCU) las define como organizaciones sin ánimo de lucro, que están constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones, y que tienen la finalidad de defender los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación.

Algunas de las asociaciones de consumidores y usuarios más conocidas en España son la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), FACUA (Consumidores en Acción), ASGECO (Asociación General de Consumidores), CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) y ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros).

Para entender mejor a quién representan las asociaciones de consumidores y usuarios, hemos de empezar por identificar qué se entiende por consumidor. Un consumidor o usuario es una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Así, por ejemplo, tendrá la consideración de consumidor una persona, de profesión abogado, que compra un billete de avión para irse de vacaciones, o un electricista que contrata a una empresa para que le preste servicios de fontanería en su nueva casa.

En cambio, no será consumidor el abogado que contrate a una gestoría que le lleve la contabilidad de su despacho, o el electricista que compra componentes electrónicos para desempeñar su trabajo.

2. ¿Qué requisitos debe tener una asociación de consumidores y usuarios para constituirse?

Crear una asociación desde cero puede parecer un proceso largo y complejo, sin embargo, no es tan complicado como a priori parece.

El primer paso para constituir una asociación es definir a sus miembros. La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (en adelante, LDA), establece en su artículo 5 que para que una asociación se constituya se necesitan, como mínimo, tres personas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades, con el fin de conseguir unas finalidades comunes.

Estas tres personas pueden ser físicas o jurídicas. Si una o varias de ellas es una persona jurídica, en este caso deberá estar representada por una persona física, que será su representante legal dentro de la asociación.

El siguiente paso es seleccionar un nombre, esto es, una denominación. Lo habitual es que sea un nombre descriptivo y que deje claro el ámbito de actuación de la asociación. No se podrá, eso sí, establecer una denominación que ya esté siendo utilizada por otra asociación del mismo tipo o ámbito geográfico.

Además, las denominaciones de las asociaciones, de conformidad con el artículo 8 de la LDA, no podrán incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su propia identidad o sobre su naturaleza. No serán admisibles tampoco las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer una vulneración a derechos fundamentales.

Una vez elegida la denominación y los miembros de la asociación, se debe establecer el área de actividad y los fines que ésta tendrá. Se debe dejar claro lo que se hará, los colectivos a los que defenderá y cómo se prevé que se realicen las actividades. Además, hay que delimitar el ámbito de actuación de la asociación, que puede ser en una Comunidad Autónoma o de carácter nacional. Esto será importante para su posterior registro.

Con esta información, deben escribirse los estatutos de la asociación, que es la normativa que regirá su funcionamiento y establecerá el modelo de organización interno, siendo, por tanto, vinculante para todos los socios. Los requisitos que deben cumplir los estatutos aparecen en el artículo 7 de la LDA.

Una vez definidos los estatutos, se procede a la constitución formal de la asociación. Para ello, se celebra una primera asamblea general en la que se elegirán los cargos y órganos de gobierno de la asociación. Este acuerdo de constitución, en el que se incluirá la aprobación de los estatutos, se formalizará mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el otorgamiento del acta fundacional, la asociación adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. El contenido mínimo de esta acta fundacional se recoge en el artículo 6 de la LDA.

Con esta documentación preparada, la misma debe presentarse ante el Registro para terminar de formalizar la inscripción de la asociación. Si hablamos de una asociación que no esté dedicada a la defensa de los intereses de consumidores y usuarios, que opera en un ámbito geográfico autonómico o inferior, deberá inscribirse en el Registro de la Comunidad Autónoma correspondiente. Si opera en territorio nacional, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Asociaciones y Servicio de Utilidad Pública, que depende del Ministerio del Interior.

Sin embargo, si la asociación que queremos constituir se trata de una asociación para la defensa de los intereses de consumidores y usuarios, ésta no se inscribe ante el Registro Nacional de Asociaciones, por estar regulada por una ley específica. En cambio, el Registro ante el que hay que presentar la documentación es el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que depende del Ministerio de Consumo, si es de ámbito supra-autonómico, o en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de cada comunidad autónoma, si sólo va a operar en una comunidad autónoma. La inscripción obligatoria en este Registro especial está prevista en el artículo 33 del TRLGDCU.

Con la inscripción en el registro, se hace pública la constitución y los estatutos de la asociación. El plazo para la inscripción es de tres meses desde la recepción de la solicitud. En esta solicitud debe adjuntarse dos copias del acta fundacional, firmadas por los socios fundadores, si hubiera junta directiva, su composición, una copia del DNI de todos los fundadores, dos copias de los estatutos, firmados, y el justificante de pago de las tasas correspondientes.

Transcurrido este plazo de tres meses sin que se haya notificado resolución expresa, se entiende estimada la solicitud de inscripción.

Una vez inscrita la asociación en el registro correspondiente, ella debe depositar el libro de socios (donde se realiza la inscripción de las altas y bajas de las personas que forman parte de la asociación), el libro de actas (en el que constan las actas de las asambleas y reuniones), y las cuentas de la asociación en Consumo.

Por último, y una vez que la asociación ya tiene personalidad jurídica, deberá solicitar el número CIF (código de identificación fiscal) ante la Delegación de Hacienda, que, para el caso de asociaciones y fundaciones, comenzará por la letra G.

3. ¿Por qué son importantes este tipo de asociaciones?

Las asociaciones de consumidores y usuarios son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Además, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), y sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas están legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, además de los intereses generales de los consumidores y usuarios.

Para entender mejor lo que supone esta legitimación y capacidad de ser parte en el proceso, hagamos un breve repaso por los diferentes tipos de intereses que tienen los consumidores.

  1. El interés individual. Como su nombre indica, es el interés individual del consumidor para el ejercicio de acciones indemnizatorias por los daños que haya sufrido como consecuencia de un bien o servicio. Los intereses individuales de varios consumidores no tienen por qué estar en contradicción. Sin embargo, si son varios los consumidores con el mismo interés individual, la reclamación conjunta de varios afectados “absorbe” los múltiples intereses individuales, lo que se traduce en la defensa de un “interés colectivo”.
  2. El interés colectivo. Son los intereses que ostentan varios consumidores individuales conjuntamente, que están determinados o son fácilmente de determinar. Cuando se pretenda en juicio la tutela de estos intereses colectivos, podrá actuar en juicio un representante del grupo, sin que se precise la concurrencia de todas las personas interesadas en la relación jurídica. Pero, además, si estos perjudicados por un mismo hecho dañoso son un grupo de consumidores y usuarios perfectamente determinados, también pueden defender el interés colectivo las asociaciones de consumidores y usuarios.
  3. Intereses difusos. Son los intereses que se refieren a colectivos de consumidores poco precisos, generalmente anónimos e indeterminados. En estos casos, cuando los perjudicados por un hecho dañoso derivado del consumo de un bien o de la utilización de un servicio sea una pluralidad de consumidores o usuarios de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses corresponde, de manera exclusiva, a las asociaciones de consumidores y usuarios representativas.

Por tanto, tanto si estamos hablando de intereses difusos como de intereses colectivos, las asociaciones de consumidores y usuarios tienen legitimación activa en los procedimientos judiciales de defensa de tales intereses, y por ello adquieren relevancia jurídica.

4. ¿Qué acciones judiciales puede interponer una asociación de esta naturaleza?

Las asociaciones de consumidores y usuarios están reconocidas como el cauce de representación y participación para la defensa de los intereses de las personas consumidoras. Así, tienen la posibilidad y legitimación para iniciar acciones legales en nombre de los consumidores cuando éstos vean afectados sus intereses.

En particular, las asociaciones de consumidores y usuarios están legitimadas, de conformidad con el artículo 54 del TRLGDCU, para ejercitar la acción de cesación frente a conductas contrarias a lo dispuesto en la normativa de consumo en materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, venta a distancia y garantías en la venta de productos y viajes combinados.

¿En qué consiste la acción de cesación? Esta acción se dirige, principalmente, a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en su conducta y a prohibir su reiteración futura. Pero, además, las acciones de cesación también pueden ejercitarse para prohibir la realización de una conducta, cuando esta haya finalizado al tiempo en el que se está ejercitando la acción, si existen indicios suficientes que hagan pensar que su reiteración va a producirse de modo inmediato.

Esta acción de cesación se puede acumular con otras acciones como la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y restitución de cantidades o la conocida acción de indemnización de daños y perjuicios por los daños causados por la aplicación de cláusulas o prácticas abusivas.

Además, la legitimación reconocida a las asociaciones de consumidores y usuarios no impide el ejercicio individual de la acción indemnizatoria por el consumidor particular que haya sufrido los daños, que puede, en el mismo proceso, solicitar su respectiva indemnización.

De hecho, esta posibilidad está prevista, dada la publicidad de las demandas colectivas, recogida en el artículo 15 de la LEC, que está dirigida a facilitar el conocimiento del proceso colectivo a aquellas personas que puedan tener la condición de perjudicados, con el objetivo de que intervengan y ejerciten su derecho individual a obtener una indemnización.

Se trata, por tanto, de un supuesto de acumulación subjetiva de acciones, y la sentencia que ponga fin al proceso colectivo deberá pronunciarse de forma expresa sobre las pretensiones individuales de los consumidores o usuarios personados.

Esta legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para ejercitar acciones judiciales en defensa de los consumidores y usuarios está también recogida en el artículo 11 de la LEC. Es una legitimación general, que les capacita para ejercitar cuantas acciones procedan en materia de consumo.

Así, por ejemplo, en la STS 561/2020, de 27 de octubre, el Tribunal Supremo declaró la falta de legitimación activa de AUGE (Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales), al no tratarse el caso, fundamentalmente por la cuantía de la inversión, de productos o servicios destinados a consumidores, y, por tanto, de uso común, ordinario y generalizado. En particular, se advierte:

Dicha legitimación extraordinaria de las asociaciones de consumidores y usuarios alcanza, en todo caso, al ejercicio de las acciones surgidas al amparo de la normativa protectora de consumidores y usuarios: esencialmente Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y también otras normas que contemplan expresamente la protección del consumidor. Además (…) el Tribunal Constitucional ha interpretado que esta legitimación se extiende a otros casos en que las asociaciones de consumidores actúan en defensa de los intereses particulares de alguno de sus asociados, intereses como consumidores y usuarios que guardan relación directa con productos o servicios de uso común, ordinario y generalizado.”

Al no considerarse como tales los productos y el importe total contratado – en concreto, se solicitaba la nulidad de varios contratos de productos financieros por la falta de información de la entidad bancaria de los riesgos de la inversión y se pedía una indemnización derivada de tal nulidad superior a los cinco millones de euros – no procedió reconocer la legitimación de la parte demandante.

Además de las acciones en materia de consumo, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluía en el asunto C-319/20, que enfrentaba a la Federación alemana de organizaciones y asociaciones de consumidores con Facebook Irlanda, que las asociaciones de consumidores y usuarios pueden emprender acciones judiciales contra un presunto infractor de la protección de datos personales.

En el citado asunto, la Federación alemana de organizaciones y asociaciones de consumidores acusaba a Facebook Irlanda de haber infringido, en el marco de la puesta a disposición en el centro de aplicaciones de la plataforma de juegos gratuitos facilitados por terceros, normas en materia de protección de datos personales, de competencia desleal y de protección a los consumidores. En este contexto, la Federación alemana de organizaciones y asociaciones de consumidores ejercitó una acción de cesación contra Facebook Irlanda.

Precisa el tribunal que esta legitimación es posible siempre y cuando la acción de representación en cuestión que realiza la Asociación de consumidores y usuarios, tenga por objeto hacer respetar los derechos que el Reglamento General de Protección de Datos concede a las personas que son objeto del tratamiento controvertido.

5. Eficacia de una sentencia dictada en procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios.

El artículo que se refiere a las sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios, al amparo de la legitimación que les concede el artículo 11 de la LEC antes citado, es el artículo 221 de la misma norma.

En este sentido, se establece que, si en el proceso se hubiera pretendido una condena dineraria, de hacer o no hacer o de dar una cosa específica, la sentencia estimatoria deberá determinar individualmente los consumidores y usuarios que pueden ser beneficiarios de dicha condena. Esta determinación individual de los acreedores de la indemnización – si se pretende una acción indemnizatoria, que es lo habitual – dependerá de la mayor o menor concreción en la identificación de los individuos que han sido perjudicados.

Por tanto, si la determinación individual no es posible, la LEC prevé que la sentencia deberá establecer los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución de la sentencia.

Además, si se personan consumidores o usuarios en un proceso promovido por una asociación de consumidores y usuarios, la sentencia debe, expresamente, pronunciarse sobre sus pretensiones individuales.

La sentencia dictada en un proceso colectivo – aquel en el que se protegen intereses de una pluralidad de consumidores y usuarios – que reconozca una indemnización a un consumidor individualizado, constituye título ejecutivo. De esta forma, el consumidor favorecido por la condena puede instar la ejecución contra el demandado.

 

¡Vota este artículo!

Licencia de Creative Commons

Artículo bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

 

"NO REPRODUZCAS SIN CITAR LA FUENTE"

Estimado lector: dispones del permiso del titular de Algoritmo Legal y del autor de este artículo para reproducir todo o una parte del mismo siempre que cites la fuente de origen. Simplemente indica lo siguiente:
Algoritmo Legal. Asociaciones de consumidores y usuarios: ¿Qué son y para qué sirven? [online]. Algoritmo Legal. 11/07/2022. https://www.algoritmolegal.com/contratacion-mercantil/asociaciones-de-consumidores-y-usuarios/. Consulta: [indicar la fecha en que has consultado el artículo]

 

Un artículo de Algoritmo Legal.

Firma de abogados española especializada en el asesoramiento legal de los negocios y la innovación. Ayudamos a startups y empresas consolidadas en asuntos relacionados con el derecho de sociedades y la contratación mercantil. Somos especialistas en propiedad intelectual y protección de datos personales. Asesoramos negocios y proyectos que utilizan tecnología blockchain e inteligencia artificial. Asimismo, asistimos legalmente a personas que vean afectados sus derechos por el uso de tales tecnología. Más información: www.algoritmolegal.com. Puede escribirnos a info@algoritmolegal.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Este contenido está protegido.